
—En el caso de los adolescentes es una cuestión de procedibilidad, no tiene que ver con una cuestión de imputabilidad o no, sino que está relacionado con si puede o no estar sometido a un proceso penal. Desde mi punto de vista, el sometimiento a un proceso penal es una exigencia de la Constitución, de modo que sí creo que habría que bajar a los 14 años el sometimiento a proceso penal.
—¿Entonces hasta ahora el procedimiento fue contrario a la Constitución?
—Mire, hoy en día se aplican penas sin proceso penal, entonces lo que la Constitución nos está exigiendo es que se les haga un proceso penal. Lo primero que hay que hacer es probarle al pibe que hizo lo que se le imputa que hizo.
—¿Para usted entonces habría que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años?
—Lo que yo propongo es poner la situación acorde a la Constitución y juzgar a los menores desde los 14 años. Se los puede institucionalizar o poner presos en institutos de menores, pero no deja de ser una privación de la libertad. Nuestra ley dice incluso que cuando tienen problemas de conducta los menores deben ser institucionalizados. Ahora yo me pregunto: ¿quién de nosotros no tiene problemas de conducta? Depende de la hora del día en que nos pesquen. ¿No le parece? Entonces es una aberración.
—Por lo tanto los menores están desprotegidos por las normas y las instituciones.
—Si un chico hizo algo, bueno... tratémoslo en un proceso penal y luego veamos qué medida razonable podemos imponerle. Pero este sistema que tenemos no funciona. Es un sistema con excusa tutelar.
—¿Cómo explica lo de “excusa tutelar”?
—Como lo tutelo, entonces no necesito hacerle un proceso. Todo lo que se haga bajo ese concepto es para su bien. Así le fue a todo el mundo que tutelaron en la historia, a los negros, a los indios, a las mujeres. Terminemos con la historia tutelar, que por otra parte es lo que mandan la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución.
—Usted y Argibay afirmaron que habría una exageración de los hechos de inseguridad y las madres que perdieron a sus hijos pidieron explicaciones.
—Hay que destacar dos cosas. Una es la realidad de la frecuencia delictiva y la violencia en nuestra sociedad. Otra de las cuestiones es la construcción social viciosa de la realidad, que es la gobernabilidad y eso es política. Yo no puedo discutir eso.
—¿Faltan políticas de Estado sobre inseguridad?
—La frecuencia delictiva requiere de políticas de Estado, y eso da resultado al cabo de cinco o seis años, lo que no coincide con los tiempos políticos que necesitan respuestas mediáticas inmediatas.
—¿No es llamativo que antes de las elecciones Cristina Kirchner, Scioli y Macri tomen medidas contra la inseguridad?
—Creo que se trata de medidas de política coyuntural. Es mero discurso político para generar soluciones mediáticas inmediatas.
—¿Comparte la opinión de la red de magistrados penales de la provincia de Buenos Aires, que denunció presiones y amenazas a los jueces para frenar las excarcelaciones, como las dispuestas por el juez Schiavo?
—Estoy totalmente de acuerdo. Las excarcelaciones ordenadas por Schiavo fueron correctas. Es absolutamente imprevisible lo que vaya a hacer una persona diez minutos después de que abandona el penal.
—Pero el Gobierno pide mano dura.
—Responsabilizar a los jueces, o atemorizarlos, es una de las tantas formas que hay de ir camino al autoritarismo. Los jueces deben actuar libremente, no pueden ser presionados ni por el Gobierno ni por los medios.
—Los funcionarios piden penas más duras.
—No me interesa esa moralina extraña de que apliquemos penas extraordinarias. Y por otra parte, insisto en que generar la sensación pública de que vivimos en caos, al punto de que sale un senador nacional a pedir que se saque el Ejército a la calle para restablecer el orden, es una cuestión de política coyuntural en la cual no me meto.
A favor de la legalización de las drogas
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, avala el proyecto oficial para despenalizar la tenencia de estupefacientes para el consumo personal como una manera de proteger al adicto y su salud. Pero Zaffaroni analiza y critica la falta de medidas del Gobierno contra el narcotráfico: “Estamos viviendo una emergencia en materia de tóxicos y la gravedad está en el paco. Con la despenalización de las drogas cada uno puede tener su opinión. La mía es a favor, pero si no modificamos la política de drogas, lo que estamos haciendo es perder tiempo y esfuerzo. Se sigue traficando y no se persigue el delito”, dijo el juez de la Corte a PERFIL. Además, aclaró que “cualquier tóxico es malo, deteriora a las personas en 8 o 9 años, pero el paco deteriora los tejidos neuronales en forma irreversible en 6 meses y mata”.
La mayoría de los miembros de la Corte estaría a favor de la despenalización de la marihuana para consumo personal, fallo cuyos fundamentos se analizan por el impacto que podría generar en la sociedad. Sin embargo, voceros del Máximo Tribunal sostuvieron que se trata de una resolución inminente. “Falta no distraerse en llenar papeles inútiles, y centrar el esfuerzo en combatir el tráfico de tóxicos”, retrucó Zaffaroni.