Ecos del alud de Tartagal

Advirtió el desastre un año atrás pero fue echada por Urtubey

Catalina Buliubasich, era secretaria de Política Ambiental y a mediados de 2008 fue despedida por intentar frenar los desmontes indiscriminados en la provincia. El avance de las empresas en la tala de árboles fue una de las principales causas del alud que sepultó a Tartagal el 10 de febrero. Los intereses que involucran a Romero y al actual Gobernador.

Por Emilia Delfino

Catalina Buliubasich intentó detener la tragedia de Tartagal, pero encontró en el camino un obstáculo: los intereses no se tocan. El 10 de diciembre de 2007, Juan Manuel Urtubey asumió el gobierno y nombró a la antropóloga secretaria de Política Ambiental. “Era un momento muy especial para los salteños y se producía una bisagra: habían aprobado la Ley de Bosques y teníamos un nuevo Gobierno. Acepté el cargo con mucha esperanza”, dijo la ex funcionaria a PERFIL.

La ex decana de la Universidad de Salta estuvo casi cinco meses en el cargo hasta que el Gobierno le pidió la renuncia. “Justo antes de que (el senador Juan Carlos) Romero dejara la gobernación, se había aprobado en cuestión de horas el desmonte de medio millón de hectáreas en situación irregular, con estudios técnicos insuficientes y audiencias polémicas, sin la participación de las comunidades aborígenes, y justo mientras se discutía la Ley de Bosques en el Congreso”, repasa Buliubasich.

—¿Por qué le pidieron la renuncia?

—Una de las primeras tareas fue poner en funcionamiento la Ley de Bosques en la provincia. Como secretaria de Política Ambiental, solicité que paralizaran tres de esos desmontes aprobados hasta que pudiéramos estudiarlos mejor. Fue cuando el ministro de Medio Ambiente –Julio Nasser– me pidió la renuncia.

—¿Qué explicación le dio?

—Me dijo que no podíamos frenar los desmontes. Le dije que no iba a dar marcha atrás. Me contestó que debía retirarme del cargo. Me ofrecieron reubicarme, pero me negué. Hay que terminar con la premisa de que un funcionario no puede decir la verdad.

—¿Le reclamó explicaciones al gobernador?

—No. Me gustaría que el gobernador explicara el porque del pedido de renuncia y del cambio en sus objetivos. El creó el ministerio de Medio Ambiente. Dijo que iba a encarar una política de conservación de bosques. En su discurso de asunción enfatizó: “Se van a terminar los desmontes irresponsables”. Y sin embargo, los desmontes fueron irresponsablemente autorizados.

—Sergio Usandivaras, ex asesor de Urtubey y abogado de la hacienda El Alamo, participó en la aprobación de los desmontes. ¿Había intereses particulares en impulsar esos desmontes?

—No tengo la certeza, pero uno era un desmonte de 30 mil hectáreas aprobadas para la hacienda El Alamo. El Gobierno argumentó que no se podía frenarlo por resguardar “la seguridad jurídica de los empresarios”. En la legislatura provincial, los diputados, algunos de ellos, productores sojeros, tomaron la Ley Nacional de Bosques y la transformaron en una herramienta para degradar el medio ambiente.

—¿Cómo se evita otra catástrofe?

—Los desmontes están ligados a cuestiones políticas y económicas. No quiero involucrar a todos los productores de soja o madereros. Hay que buscar un equilibrio entre productividad y derechos. La única forma de frenar los desmontes es con una orden de la Corte Suprema.

—¿Qué pensó cuando vio las consecuencias?

—Sentí estupor ante la afirmación oficial de que el alud se debía a causas naturales. Desde 2006, ingenieros de la Universidad de Salta están pidiendo medidas urgentes para departamentos como el de San Martín, donde está Tartagal.

Sigue

De Vido también sabía

“El desastre ocasionado en la ciudad de Targatal pudo haberse evitado”, dice convencido Juan Domingo Javier, un ciudadano de esa localidad que en enero de 2004 le anticipó a través de una carta documento al ministro de Planificación, Julio De Vido, el deterioro de las obras públicas y el peligro del desbordes de los ríos en el Departamento de San Martín. Javier, cuya esposa es descendientes de wichis y también oriunda de Tartagal, presentó la carta el 5 de enero de 2004. El documento lleva la firma del ex diputado justicialista Víctor Hugo Belmonte y advierte que “la ruta 34 en el departamento de San Martín, se encuentra en estado crítico por los socavones que ha sufrido en los últimos meses, por la deficiencias de las defensas en la ribera norte”. Y agrega que “el puente sobre la ruta tiene serias deficiencias en el terraplén que en múltiples ocasiones ha deja aislado a las localidades de San Martín”. Alerta que los puentes y las defensas de los ríos les faltan inspecciones desde “hace muchos años”. Pero no hubo ninguna contestación.