
El entonces director general de la empresa Stuart Graham y el vicepresidente ejecutivo responsable de la región Thomas Alm, ambos con asiento en Estocolmo, también sufrieron descuentos salariales, según Gimbe. Pero ante las preguntas de PERFIL, Gimbe se rehusó a dar cifras concretas o al menos proporciones. En primera instancia prometió al menos proveer porcentajes, pero eso no resultó posible.
La empresa tampoco reconfirmó los nombres de los seis ejecutivos locales supuestamente sancionados. “Las sanciones nunca superarían el 50% de las compensaciones totales”, fue lo único que precisó. En el caso de los ejecutivos con despacho en Estocolmo, Gimbe informó que los descuentos fueron menores.
Peter Gimbe habló con PERFIL en una sala de reuniones de la oficina central de Skanska, en las afueras de Estocolmo. “Queremos justicia”, fue una de las frases del ejecutivo en la entrevista. Gimbe explicó que ellos fueron víctimas de una estafa y que fueron los primeros en denunciarla, en un comunicado fechado 20 de julio de 2006.
Hasta el momento, la empresa no demandó a los ejecutivos locales a los que apunta como culpables. En un comunicado luego de la entrevista, Skanska fue enfática en que se reservaba el derecho de iniciar acciones legales en el futuro. Pero hasta el momento, la empresa no ejerció su legítimo derecho de llevar a los supuestos defraudadores de la empresa ante un juez.
“Fuimos a la Policía y a la Justicia [...] y actuamos conforme a la ley”, expresó Gimbe. Cuando PERFIL cuestionó por qué no se demandó directamente a los empleados, Gimbe se apoyó en que sería una cuestión cultural.
Luego que la empresa echó a los ejecutivos locales con la explosión del escándalo, y recibieron indemnizaciones millonarias –en algunos casos superando el millón de dólares por persona. PERFIL inquirió por qué se premió con semejante indemnización a un supuesto culpable de un delito, la respuesta fue “queríamos echarlos cuanto antes, desafortunadamente eso costó mucho dinero.” Gimbe aclaró que los ejecutivos tenían sueldos muy altos y mucha antigüedad, para justificar las generosas indemizaciones.
Entre los desvinculados estaba José Alonso, ex director financiero de Skanska Latinoamérica y estuvo en Estocolmo en octubre de 2006, según Gimbe. Alonso habría denunciado las irregularidades y varios apuntan a esta persona como el “arrepentido” que habría alertado del caso. “Estuvo mintiendo y miente”, dijo Gimbe y aclaró que la empresa denunció el caso en un comunicado de prensa de 20 de julio de 2006. Olvida aclarar que eso sucedió luego de que lea empresa fuera allanada.
Peter Gimbe negó mantener contactos directos con el Gobierno argentino, pero aclaró que “después de lo que pasó, somos cautos” respecto de nuevos negocios con el Estado
—Por favor, míreme a los ojos, ¿pagaron sobornos en la Argentina?
—No, no pagamos –respondió y su mirada se posó en su taza de café.
“Por favor, míreme a los ojos y respóndame”, insistió PERFIL.
La segunda vez no fue posible mantener la mirada.
“Debe entender que soy el representante de prensa corporativo de Skanska (...) estuve muy involucrado al principio del caso (...) pero no lo sigo día por día.” Y agregó: “Si les pregunta a mis colegas en Argentina, seguro que están mejor informados”.
“Yo sólo puedo informar sobre cómo la gerencia de Skanska en Estocolmo manejó el tema”, sentenció Gimbe.
“Estuve en Argentina el junio pasado por tres semanas, cuando la prensa estaba cubriendo el tema intensamente”, comentó Gimbe. Hizo una autocrítica de cómo Skanska manejó sus comunicaciones con la prensa Argentina. Y pasó a explicar cómo había manejado él mismo el tema con la prensa internacional en Buenos Aires.
“No estoy orgulloso sobre lo que pasó, pero estoy convencido de que desde la perspectiva de la gerencia en Estocolmo, creo que lo manejamos de la mejor manera posible”, fue como el ejecutivo dio este tema por cerrado.
*Desde Estocolmo.
Ofensiva judicial contra Telerman
La Justicia pidió a la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires información acerca de las contrataciones de publicidad oficial realizadas durante la gestión de Jorge Telerman.
Se trata de un viejo expediente judicial, iniciado por el diputado Miguel Bonasso, por presunta contratación irregular de publicidad en programas de la productora de Marcelo Tinelli.
El pedido del fiscal porteño Sandro Abraldes se conoció una semana después de que Telerman manifestara en un reportaje que no sería candidato del kirchnerismo en los comicios próximos.
El paper 4868 que llegó a las oficinas del organismo de control solicita documentación sobre “los métodos de contratación utlizados” y “la normativa que se aplica para la realización de una campaña publicitaria oficial” .
Abradales acusó en diciembre de 2007 al entonces jefe de Gobierno porteño, a Fabiana Galeazzi, directora de medios, a Oscar Feito, secretario de Prensa y José Luis Primo por defraudación y administracón fraudulenta por un monto cercano a los 4 millones de pesos.
Pero el juez Luis Zelaya dictó el sobreseimiento de los funcionarios. Sin embargo, la Sala I de la Cámara del Crimen revocó esa decisión y ordenó continuar la investigación. Ahora, la auditora Sandra Bergenfel pidió tiempo para acumular la documentación.
La denuncia involucró a la empresa Sol Group S.A (investigada como sociedad fantasma en la causa Skanska).