cifras del gobierno de la ciudad

Estiman que llegan a 300 mil las personas que viven en condiciones de precariedad

La administración Macri aún no realizó un relevamiento, pero con cifras anteriores hicieron esa especulación. Ayer, no bien conocido el saldo del incendio de La Boca, los distintos protagonistas de la vida pública de la Ciudad se hicieron oír en diferentes orientaciones, cada una de ellas alineada con su militancia política. PERFIL recogió testimonios de todo el arco político, en donde se repite el perverso esquema de República de Cromañón.

Por Brenda Focas / Erica Sanchez

La emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires habla por sí sola sobre todo en los barrios del sur como La Boca, Parque Patricios o Pompeya, donde los conventillos, las

casas tomadas, los asentamientos y hasta las villas de emergencia forman parte del paisaje urbano.

Desde el Gobierno de la Ciudad reconocen que aún no hicieron un relevamiento, pero estiman que habría entre 250 y 300 mil personas en situación de precariedad habitacional entre asentamientos, villas, y viviendas usurpadas (casas, edificios, hoteles). Entre

ellos, 780 edificios tomados son propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Pero legisladores de la oposición que trabajan en el tema aseguran que la cifra es mucho mayor. Diego Kravetz, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria le explicó a PERFIL: “Hay alrededor de 500.000 personas involucradas en esta problemática. Desde 2004 queremos que haya una política integral de viviendas, pero en la gestión actual es el peor problema que manejan. Puedo asegurar que nadie tiene una sola casa propia que se haya hecho en la gestión Macri”. La falta de gas, de agua y de cloacas son algunas de las condiciones más comunes que enfrentan quienes intentan vivir bajo estas condiciones. Muchos están intrusados o manejados por gente que los subalquila a familias sin recursos o desalojados.

El diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, aseguró que el déficit habitacional está reconocido por ley. “Es real, concreto y plausible de controlar, pero falta un poco de observación criteriosa de la realidad. Durante once meses más de 3 mil familias fueron desalojadas sin ningún tipo de contención social”, afirma.

El tema es de una gravedad profunda y cada vez son más las personas que viven sin las condiciones mínimas de subsistencia. Según datos del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, la Ciudad tiene un déficit de 500 mil viviendas y 90 mil familias se encuentran en situación de crisis habitacional.

Néstor Nicolás, el subsecretario de emergencias del Gobierno dijo ayer que “habrá más de 1.000 personas que viven en situación de riesgo. Debemos de haber sacado cerca de 10 mil personas que llevaban 20 años de ocupación”, indicó. Desde la Dirección General de Atención Inmediata, aseguraron que el año pasado se realizaron 350 desalojos, en el marco de una causa judicial civil o penal – lo que involucró 2.970 familias, 3120 personas–. Además, hay 180 desalojos que quedaron pendientes de 2008, que cuentan con oficio judicial.

El Ministerio de Desarrollo Social otorgó a la fecha 6.445 subsidios habitacionales. Pero admiten que la problemática los supera y que queda mucho por hacer.

Ayer, ante la tragedia en La Boca, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Corporación Sur, responsables de dar una solución definitiva al problema habitacional, optaron por no hablar y aseguraron que del caso “se encarga la Unidad de Gestión de Intervención Social”.

Y las críticas siguieron. El diputado por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, dijo que “la política habitacional que lleva adelante el actual Gobierno para con los que menos tienen es nula y se los condena a vivir en instalaciones precarias en donde corren riesgos sus vidas. En su primer año de gestión el macrismo, desde el IVC, prácticamente no construyó ninguna vivienda” y agregó que “habría que ver si se están llevando adelante los controles necesarios para prevenir accidentes”.

Según un informe elaborado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) el 5,9% de la población de la Ciudad, aproximadamente 178.520 habitantes, vive en inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas. En diálogo con PERFIL, la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, sostuvo que son más de 150 mil los ciudadanos que atraviesan esta situación. “Lo esencial para solucionar el problema es trabajo y vivienda. Podrían darse créditos de largo alcance, que puedan pagarse con los sueldos bajos. No es cuestión de regalar viviendas, pero la mayoría de los que toman casas trabajan y podrían pagar una cuota mínima”.

Por su parte, la diputada Liliana Parada, del Bloque Igualdad Social, dijo que “esta tragedia se podría haber evitado y pone de manifiesto la ausencia de políticas públicas.

Ojalá que, después de esto, el Jefe de Gobierno no vete la

Ley de Emergencia Habitacional que ya aprobamos en la Legislatura”.