PUEBLOS EXPULSADOS

La Corte frena las topadoras que destruyen los bosques de Salta

El Máximo Tribunal de Justicia ordenó la suspensión temporal de la deforestación en la provincia, tras una demanda presentada por las comunidades wichis. Sin embargo, cientos de personas siguen siendo desplazadas de sus tierras por el desmonte para cosechar soja y por las talas de árboles para vender madera. Entre 2002 y 2006 fueron arrasadas 414.934 hectáreas. Los pueblos originarios, con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales, denuncian complicidad del poder político, piden que se escuchen sus reclamos y advierten que están decididos a plantarse frente a las topadoras.

Por Silvina Herrera

En los cerros salteños, la lucha es entre el hombre y el desmonte. El avance de la deforestación arrasa con pueblos enteros que pierden su vivienda, su trabajo y su hábitat. Más de sesenta familias pertenecientes a comunidades aborígenes están siendo desplazadas de sus tierras por el avance del desmonte, en medio de la indiferencia de los funcionarios.

La desesperación de verse despojados llevó a los wichis de Salta a presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda, a la que tuvo acceso PERFIL, con el objetivo de detener el desmonte. Antes de lo esperado, el Tribunal dictó una medida cautelar y ordenó suspender el avance de los tractores empresarios que arrasan con los bosques nativos hasta dejar la tierra vacía. El fallo ordena al gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey frenar los desmontes y la tala de bosque en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria autorizados durante el último trimestre de 2007, al menos hasta que se realice una audiencia entre las partes el próximo 18 de febrero. Pero al mismo tiempo, la Legislatura provincial aprobó una ley de reordenamiento territorial enviada por el Ejecutivo que incluye un artículo que permite el desmonte al menos de 1,6 millón de hectáreas. Las comunidades parecen cercadas por el accionar de políticos que no quieren ver la tragedia humanitaria ni entender las necesidades de un pueblo al que están dejando extinguirse.

Salta es la provincia que más sufre el desmonte, bosques enteros que son reducidos a la más absoluta nada. Entre 2002 y 2006 fueron arrasadas 414.934 hectáreas, un 113,45% más que entre 1998 y 2002. Las comunidades wichis afirman en la demanda presentada ante la Corte que, entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente de Salta aprobó 191 de los 195 pedidos de desmonte, que incluyó 807.509 hectáreas de bosque.

La abogada Alicia Oliveira, ex defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las patrocinadoras de los wichis en la presentación ante la Corte. En diálogo con PERFIL, aseguró que “lo que se está pidiendo es que se impida el desmonte de acá para siempre, no por un determinado período, pero poder conseguirlo va a llevar mucho tiempo”. Agregó que no se trata de controlar el desmonte, porque las comunidades no pueden sobrevivir ni con una hectárea de bosque arrasado. “Es como una guerra, las guerras no se hacen exclusivamente con bombas”, sostuvo.

Oliveira explicó que el desmonte tiene dos fines específicos; por un lado, cosechar soja, “lo que amplía la frontera agroexportadora, en un lugar como Salta que no es una zona de agro”. Y por otro, desmontar para quedarse con la madera, que en algunos casos es muy valiosa. Un ejemplo es el palo santo que, según la abogada, “está protegido porque está en extinción y no solamente lo están cortando sino que lo están exportando a Oriente”.

A pesar de los múltiples intentos para frenarlo, las comunidades denuncian que el desmonte continúa y es imparable. Ni siquiera la Ley de Bosques sancionada hace un año logró detener la tala indiscriminada. Y por supuesto no sólo afecta a Salta, sino a todas las provincias del Noroeste argentino. La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) publicó la investigación “A un año de la Ley de Bosques: panorama de la región chaqueña argentina”, en la que describe la situación en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba. El trabajo asegura que “los desmontes continúan. En 2008 se registraron más de noventa conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96 mil personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema”.

Mara Puntano, patrocinante de la comunidad Estación Tabacal, una de las demandantes ante la Corte, destacó que el fallo del Máximo Tribunal “es un paso en la lucha de las comunidades. Es importante, porque significa un logro de la lucha de la gente”, y agregó: “La decisión de la Corte es una medida cautelar. Plantea la nulidad de los permisos futuros, pero no la inconstitucionalidad de la ley que ya está aprobada, por lo que se va a seguir desmontando. Además, el daño ya está hecho”.

Pueblos en extinción. Aunque son invisibles para muchos e ignorados para otros, 80 mil wichis habitan las provincias de Salta, Formosa y Chaco. Para ellos la tierra no sólo es el lugar donde viven, también es la fuente de trabajo, donde está su hábitat y su cultura milenaria. El avance del desmonte en la zona salteña los está desplazando hacia la periferia de las ciudades donde crean nuevas villas de emergencia, aunque están unidos con otras comunidades y convencidos de que lo único que les queda por hacer es resistir.

“Los pueblos originarios estamos unidos en contra del saqueo a nuestro territorio. Somos parte de esta tierra, si nos desarmonizan nos vamos a defender”, afirmó, desde Salta, Enrique González, integrante de la comunidad aborigen de Santa Victoria Oeste, quien considera que el fallo de la Corte “es un respirito para los hermanos wichis”.

Las familias que viven en el monte salteño y que son desplazadas por el avance del desmonte se quedan sin lugar donde vivir y sin forma de sobrevivir. La abogada Oliveira explica que “los wichis son cazadores recolectores, viven de lo que cazan y de lo que recolectan de la tierra. Con el desmonte, además se contagian enfermedades. Esto no está en la demanda, pero yo vi que la gente tiene la piel destrozada, por el problema dermatológico que provoca el cambio de ambiente”.

Las fumigaciones que se realizan desde aviones sobre los cultivos ya provocaron la muerte de al menos dos niños y graves problemas de salud en los habitantes que se niegan a abandonar la tierra. “Hay desalojo en todas partes. Hay lugares que están tan alejados que no tienen acceso a los medios de comunicación, ni a la justicia, ni a ningún derecho. Los empresarios cuentan con fuerzas parapoliciales que desalojan a las familias y las están condenando a la muerte”, advirtió Puntano.

El desmonte también quiebra el equilibrio ecológico, lo que provoca inundaciones desconocidas para el pueblo salteño y cientos de personas quedan aisladas por el agua.

Los aborígenes de las distintas comunidades están más unidos que nunca y buscan el apoyo del resto de la población. “No nos sentimos respaldados por la gente en las ciudades, que no tiene una mirada al interior, a lo que nos pasa”, sostuvo González. La desesperanza de estos pueblos los lleva a resistir hasta dejar la vida, porque no tienen alternativa. Puntano garantizó que “las comunidades van a resistir cuerpo a cuerpo ya que no tienen otro lugar donde vivir. No les hacen falta armas, las mujeres bajan a los obreros de las topadoras. Toman la acción por sus propias manos porque no hay nadie que los proteja. Van a poner el cuerpo para no dejarlos avanzar”.

La abogada Oliveira considera que “es la discriminación del rico contra el pobre. Ellos piensan: ‘Yo hago mi dinero y no me importa que se mueran; yo hago mi dinero y destruyo la provincia de Salta’”.

Responsabilidad política. Quienes se ven afectados por los desmontes y quienes investigan la problemática de estos pueblos no dudan en acusar al poder político de tener intereses económicos y beneficios personales en la deforestación de la tierra. El ex gobernador salteño Juan Carlos Romero fue acusado de violación a los derechos de los aborígenes originarios al avalar la expulsión de su hábitat para el desmonte. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta autorizó en 2007 el desmonte de más de 400 mil hectáreas de bosques nativos, lo que quintuplicaba lo autorizado durante 2006.

Las comunidades aseguran que el actual gobernador Urtubey también tiene intereses en el desmonte. Su propio hermano, José, es dueño de un porcentaje de la empresa forestal Tapebicuá SA, un referente en el negocio de la madera.

Mara Puntano también acusó al senador Alfredo Olmedo, empresario sojero de Salta y uno de los encargados de levantar la mano para votar la ley que permite el desmonte. Olmedo había presentado un proyecto de ley para permitir que cinco millones de hectáreas de bosques queden arrasadas. Puntano sostuvo: “El Poder Ejecutivo gobierna para un sector que es el que saquea la riqueza. Las empresas están vinculadas con los funcionarios. Acá se puso en marcha el tren sojero: el gobierno provincial gastó 150 millones de pesos para 150 kilómetros de vía para facilitar el transporte del producto de los empresarios sojeros. Desdelsur SA es una empresa con vinculación con los senadores, así los productores ganan siempre”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Julio Nasser, manifestó que el gobierno provincial “acentuó las medidas de control y monitoreo”, y agregó que los “desmontes que siguieron efectuándose estaban en condiciones ajustadas a derecho y siempre respetando lo que la Constitución advierte”. El ministro entendió que el fallo de la Corte sirve para “sentarse a consensuar y discutir para llegar a puntos de acuerdo, porque cuando del ambiente se trata debe ser considerado como un bien colectivo y no trabajar como si fueran situaciones particulares”.

Desde el Gobierno alegan que su deber es cuidar los intereses de toda la población, porque mientras los pueblos originarios son expulsados, el desmonte genera puestos de trabajo para un importante sector y crecimiento económico para la provincia.

Para la audiencia del 18 de febrero, la Corte convocó a los aborígenes, al gobierno de Salta y al Estado nacional, a través de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La vocera e integrante de la Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), Ana Alvarez, declaró que en Salta se preparan para enfrentar “los argumentos del Gobierno que van a negar la realidad”. Asociana es una ONG que trabaja junto a las comunidades y que realizó el relevo de los datos presentados ante la Corte Suprema. Alvarez advirtió: “La legislación vigente dice que esas tierras están protegidas, pero eso no se cumple. Con el desmonte las comunidades pierden la cultura, pierden el idioma nativo. Se corrompe la tradición”. Alicia Oliveira también advierte el riesgo de inundaciones. “Las autoridades dicen que van a hacer puentecitos para unir comunidades, pero para qué; si no arreglan el tema gravísimo que es el desmonte, no tiene solución, no se arregla con puentecitos. Es impresionante ver cómo se van los pueblos por el agua. Yo conozco la zona, y viajar por allí en la época de lluvias es imposible”, comenta la patrocinadora de los wichis.

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“Esto es un ataque feroz”

Oscar Frías, el hombre que en la foto refleja su pesadumbre en los ojos y se mezcla con el paisaje desolado, es el cacique de El Escrito en Tartagal. Junto con las sesenta familias wichis que habitan el monte salteño, Frías resiste el desalojo de sus tierras. En declaraciones a los medios que recorrieron la zona, aseguró que personas armadas se aparecieron frente a ellos y les dijeron que tienen que irse, que ellos son los dueños de la tierra. “Nadie nos dio una respuesta, ni siquiera la Justicia”, afirmaba el hombre, acompañado por su hermano Bautista, uno de los que firmaron la demanda ante la Corte.

Antes de realizar la presentación ante el Máximo Tribunal, el 20 de noviembre pasado las comunidades wichis demandaron al gobierno salteño por genocidio. La presentación fue realizada a nivel local en la Justicia Penal, mientras la que se presentó ante la Corte Suprema fue civil, y pasó al Juzgado Federal, donde aún no hubo una respuesta.

El antropólogo John Palmer convive con la comunidad Hoktek T’Oi que se ubica sobre la ruta nacional 86, al este de Tartagal en la zona de la cuenca del río Itiyuro. Está casado con una mujer wichi y vivió de cerca el sufrimiento de casi cien personas que luchan por quedarse en los montes en los que vivieron siempre. En comunicación con PERFIL, indicó: “Lo que sucede es de película de terror, vienen máquinas pesadas y arrasan con el ambiente milenario que nuestros pueblos ocupan y conocen como su jardín. Es un ataque feroz”.

Palmer es inglés y vino a Salta en su época de estudiante. Consideró que el gobierno provincial “debe asumir su responsabilidad; no revirtieron la situación sino que la avalaron. Teniendo conocimiento, tenían elementos para tomar medidas y frenar el desmonte”.

Cuenta que “la gente tuvo que meterse en sus casas para resistir. Muchas viviendas quedaron como islas alrededor de los bosques desmontados. Muchas familias quedaron aisladas y otras tuvieron que irse. Sienten miedo y se van, pero ya no tienen lugar a donde ir”.