
El triple crimen tiró de la punta del ovillo. En la historia se cruzaron laboratorios, carteles de la droga, funcionarios públicos, financiación de campañas y espías. Todas las piezas parecen encajar en un mismo rompecabezas. Y según la Justicia, el que articula las piezas es Néstor Osvaldo Lorenzo (53), un misterioso empresario de la industria farmacéutica al que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, calificó como el “Yabrán de los medicamentos”.
La comparación no parece casual. Al igual que ocurría con el empresario postal, Lorenzo hace del anonimato un culto, no se deja fotografiar en público y se mueve en un taxi que está a su disposición las 24 horas, probablemente para evitar que lo sigan.
Tanto se cuida que ni la Justicia federal, que allanó su casa y sus empresas, tiene fotos de él. En el rubro farmacéutico todos lo sintieron nombrar alguna vez, pero pocos le vieron el rostro. Ni siquiera el entorno de Ocaña sabía cómo era su cara. Hasta hoy, que PERFIL lo muestra por primera vez saliendo de uno de sus laboratorios, San Javier, ubicado en Pedro Goyena al 59, en el barrio porteño de Caballito.
Pero este señor de pelo corto y canoso, y mirada severa, es investigado por la venta de medicamentos robados, entre otras instituciones al Hospital Francés, por haber aportado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, a través de terceros, casi un millón de pesos, y por sus vínculos con los protagonistas del triple crimen que destapó la ruta de la efedrina en la Argentina. PERFIL intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. El interés fue transmitido a su esposa y a su secretaria, pero Lorenzo nunca respondió.
Enigmas. Lorenzo es un tipo acostumbrado a codearse con el poder. Durante el primer gobierno de Carlos Menem, el hombre fuerte de la salud comandaba una importadora, Summun, que proveyó al Estado de leche contaminada. Sus socios eran Carlos Spadone y Miguel Angel Vicco. Los tres fueron fervorosos aportantes de la campaña del riojano.
Alrededor de Lorenzo todo suena sospechoso. Lo protege un ex informante de la SIDE y de la DEA, Julio César Pose, que había custodiado a Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen.
Pose, de buen vínculo con Lorenzo, figura en lo más alto del ranking de contribuyentes de la campaña de Cristina. Aportó 325 mil pesos y el registro de la operación lo halló el juez Norberto Oyarbide en la vivienda de Lorenzo.
“Es un tipo realmente pesado y peligroso”, confió una fuente en Comodoro Py al calificar a Lorenzo. De hecho quienes acompañan a Ocaña sospechan que del entorno del empresario provinieron los llamados intimidatorios que recibió en las últimas semanas.
Quienes lo conocen juran que el empresario tiene carácter arrogante, casi siempre viste de traje y tiene la costumbre de incorporar insultos a su vocabulario. “Me quieren cagar pero yo los voy a cagar, hijos de puta”, les habría dicho a varios empleados del Centro Oncológico platense, luego de que le reclamaran una deuda por salarios.
En 2006 el fiscal Carlos Stornelli lo denunció por la presunta venta de medicamentos robados al Estado. La maniobra quedó a la intemperie cuando la droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, empezó a intimar por “error” a los pacientes del Hospital Francés para que pagaran remedios que eran de cobertura gratuita.
“Fueron tan desprolijos que sorprende. Como el Francés no le pagaba, alguien de la droguería aconsejó mandar intimaciones a los pacientes, que tenían que recibir el tratamiento de manera gratuita. Como empezaron a llegarles cartas documento con intimaciones de pago por montos superiores a 15 mil pesos, los pacientes lo denunciaron. Así se inició todo”, confesó a PERFIL un investigador cercano a Oyarbide, quien ahora está llevando adelante la causa.
La Justicia sospecha ahora que el empresario puede ser un engranaje clave de una red de laboratorios que manejó un negocio millonario con un guiño desde ciertas reparticiones del Estado. También lo vinculan con las ramificaciones judiciales del “farmagate” que investiga la ruta de la efedrina en la Argentina.
El pasado 5 de diciembre Oyarbide allanó su casa en el barrio de Nueva Pompeya. En el domicilio hallaron documentación que lo vinculaba con la gerencia de las firmas San Javier, Multipharma (aportantes de la campaña K), Digital Eco, Elaboradora de Productos Biológicos y CityWatch. En una carpeta, Lorenzo había guardado los recibos de la campaña para Cristina Fernández de Kirchner por casi un millón de pesos.
Los tentáculos de Lorenzo son infinitos. Su apellido figura asociada a Carlos Horacio Torres, otro fiel contribuyente a la campaña K, que preside el directorio de San Javier y también en Multipharma. Los investigadores de Oyarbide también descubrieron recibos de los aportes de Torres por 155 mil pesos en la casa de Lorenzo.
Robo para la corona. El recaudador de la campaña del Frente para la Victoria, Héctor Capaccioli, era el encargado de controlar a las obras sociales desde su cargo de superintendente de Servicios de Salud pero, lejos de eso, en el organismo habrían facilitado el ingreso para que Lorenzo proveyera de medicamentos a varias entidades públicas.
Ocaña hizo valer esta información para ganar la batalla en la interna que terminó con Capaccioli fuera de su cargo. La ministra siempre creyó que existían buenos vínculos entre el ex superintendente y el empresario farmacéutico. El nexo sería Néstor Vázquez, el segundo de Capaccioli en la Superintendencia, que fue socio de Lorenzo en el Centro Oncológico de La Plata y administraba un fideicomiso de la obra social La Bancaria, de la que Lorenzo iba a ser el principal proveedor.
A Lorenzo le atribuyen aceitados contactos con la Obra Social del Personal de Activistas del Turf (OSPAT). Esa mutual, que en los últimos años engordó su padrón de afiliados, recibe del Estado el reintegro del 100% de los medicamentos que compra para tratamientos de alta complejidad.