la justicia investiga los fondos que asigna el incaa

Crece el escándalo por los irregulares subsidios al cine

A partir de un anónimo que se difundió por mail, se inició una causa judicial que abrió una caja de Pandora: la distribución arbitraria de fondos públicos por parte del Instituto de Cinematografía. Películas financiadas sin terminar, partidas asignadas a funcionarios del INCAA y a amigos de los directivos forman parte de la lista de anomalías que imperan en el sector.

Por Leonardo Nicosia

“¡Quiero el dinero para mi película y no me voy de acá hasta que me lo den!” El director de cine estaba gritando en la oficina del director del Instituto del Cinematografía. “Yo ahora me tengo que ir a almorzar”, le contestó el funcionario. El cineasta enojado se desparramó sobre un sillón, puso sus pies sobre el escritorio y sacó de su mochila un sándwich de queso. “Yo también voy a comer, andá tranquilo”, le dijo desafiante.

Cuando Manuel Antín volvió del almuerzo, el cineasta seguía en su despacho. Pero después de un rato, Alejandro Agresti se cansó y se retiró del lugar. El joven artista quería un subsidio para hacer su primer largometraje, que al final consiguió al cumplir con todos los requisitos.

Esta anécdota de 1984 ilustra la importancia que desde siempre tienen los fondos públicos para quienes se dedican al cine en la Argentina, fondos que representan hoy unos 65 millones de pesos al año. El problema es que el manejo de esos fondos se encuentra ahora bajo sospecha como nunca antes. La polémica explotó en noviembre del año pasado, cuando apareció una denuncia judicial que sacudió al mundillo del cine local. La presentación revelaba supuestas irregularidades en el otorgamiento de los subsidios, que incluían desde fondos para documentales que nunca se terminaron hasta arbitrariedades en su asignación e incumplimientos en los aportes a organismos civiles. El escándalo trepó rápidamente y derivó tres meses más tarde en la renuncia de Jorge Alvarez a su cargo de director del INCAA, días después de que la Justicia le pidiera al Instituto toda la documentación sobre los subsidios cuestionados. El alboroto fue tan grande que lo primero que hizo la nueva titular del INCAA, Liliana Mazure, fue publicar en Internet el listado de personas que habían recibido fondos del organismo.

La denuncia judicial se presentó de manera anónima y apunta contra una serie de subsidios que fueron entregados a un mismo productor, Pablo Rovito. “No voy a hacer comentarios hasta que la causa se cierre”, respondió cuando fue contactado por PERFIL.

Pero hay más historias sospechosas que involucran a otros protagonistas: una cineasta que recibía fondos para sus películas al mismo tiempo que era empleada del INCAA, una funcionaria del Instituto que figura con el mismo domicilio que una empresa que se quedó con un subsidio millonario, un empresario que cobró créditos para un laboratorio filmográfico que nunca se terminó de hacer, y un abogado que conseguía subsidios para él mientras trabajaba dentro del organismo estatal cinematográfico.

El listado también incluye a Jorge Coscia, el ex presidente del INCAA que le abrió la puerta a subsidios millonarios a un amigo que no tenía ninguna experiencia en el cine, y cuando dejó su puesto al frente del organismo se asoció con él en una empresa productora (ver recuadro).

Los orígenes. Todo empezó en noviembre del año pasado, cuando apareció un correo electrónico que contenía datos precisos sobre presuntas irregularidades con los subsidios. Las cosas pasaron a mayores días después, cuando alguien utilizó un texto muy parecido para presentar una denuncia anónima en la Justicia. La causa recayó en el Juzgado Federal de Claudio Bonadío.

Lo que se denunciaba eran supuestas irregularidades en uno de los dos mecanismos que tiene el INCAA para subsidiar películas, un mecanismo que le permite al director del INCAA otorgar fondos de manera directa. Esta clase de partidas son conocidas como “terceros jota”, porque la posibilidad de brindarlos está mencionada en el artículo tercero, inciso J, de la Ley de Cine.

Las producciones de este tipo que se denunciaron ante la Justicia fueron dos. Tal vez la más conocida sea “18-J”, la serie de 10 cortometrajes que se hicieron sobre el atentado a la sede de la AMIA. En el año 2004, el INCAA se asoció con una empresa privada para realizarlos. Coscia era el titular del Instituto y firmó la orden de otorgarle 1.465.776 pesos a la empresa Aleph Media. Los cortos se hicieron y se estrenaron en los cines. Pero la denuncia judicial asegura que nunca se cumplió con la obligación de pagar parte de las ganancias a diez organismos civiles.

El otro caso denunciado es menos conocido, pero se utilizó todavía más dinero del Estado. En el mismo año que “18-J”, el INCAA se embarcó en otro proyecto con una empresa privada para producir una colección de cincuenta documentales sobre “La historia de América latina”. Coscia le cedió 1.600.000 pesos a la firma Maíz Producciones. El problema es que después de tres años y medio, los documentales todavía no están terminados. Y no sólo eso: la denuncia judicial asegura que en noviembre de 2007 la cantidad de documentales realizados era… uno solo. Un hombre vinculado a la producción afirmó a este diario que hasta ahora sólo se terminaron trece documentales.

En marzo de este año, Bonadío pidió al INCAA los expedientes de las dos producciones investigadas (“La historia de América latina” y “18-J”). Y apenas una semana después de esta solicitud de la Justicia, Alvarez renunció a su puesto como presidente del Instituto.

El escándalo fue tan grande que ni bien Mazure lo reemplazó en el cargo a fines de abril, sus primeras medidas apuntaron al tema de los subsidios. La flamante funcionaria publicó por primera vez en Internet el listado de los beneficiados por los fondos del organismo. “No voy a entregar subsidios ‘terceros jota’ hasta el año que viene”, informó la cineasta durante una entrevista con PERFIL.

Mientras tanto, durante los últimos meses la causa judicial pasó a investigar todos los subsidios. El juzgado de Bonadío le pidió al INCAA los expedientes de todos los ‘terceros jota’ y después le solicitó una copia de todas las producciones que se hubieran hecho con esos fondos. Una de las últimas medidas que tomó la Justicia muestra que podría haber algún avance, ya que hace poco le pidió al Instituto del Cine las rendiciones de costos y ganancias de doce de todos los casos que viene investigando.

Otros episodios. Más allá de la causa judicial, este diario indagó otros episodios sospechosos. Uno de ellos lo aportó el cineasta Eduardo Montes Bradley y está vinculado a “La historia de América latina”, la producción de documentales que todavía no se terminó de hacer y que está investigada por la Justicia.

La denuncia concreta de Montes Bradley consiste en que una empleada del INCAA tiene el mismo domicilio que la empresa privada que consiguió el contrato del Instituto para hacer los documentales. La funcionaria en cuestión se llama Viviana Pechinenda y la firma comercial de la historia recibe el nombre de Daltel SA.

PERFIL confirmó la existencia de esta sospechosa coincidencia. La mujer aparece en la guía telefónica con una dirección en la ciudad de Buenos Aires: Viamonte 965, piso 2. Se trata de la mismísima ubicación que Daltel SA declara en los registros fiscales como su “domicilio alternativo”. Montes-Bradley denunció esta inquietante situación en el INCAA el 20 de mayo pasado, lo que derivó en la apertura de un sumario interno.

PERFIL preguntó a Montes Bradley –quien es columnista de este diario– cómo se había enterado de los datos que denunciaba. “Me lo comentó de manera casual Oscar Azar, un abogado del mundo del cine”, respondió.

¿Pero quién es Oscar Azar? Fue el abogado de Montes Bradley para conseguir fondos estatales para sus películas. Es decir, el cineasta denunciante también recibió varios subsidios “terceros jota” del INCAA para sus películas.

Y hay más: ahora uno de los subsidios que consiguió Montes Bradley es investigado por la Justicia Federal en la misma causa que se inició contra Rovito. La película Iván Grondona es uno de los doce casos indagados.

Azar también recibió dos créditos por un monto total de 2 millones de pesos para abrir el primer laboratorio cinematográfico de capital local en la Argentina. El inconveniente es que tras cinco años, el laboratorio todavía no se abrió y el abogado sólo devolvió 60 mil pesos. Azar también quedó vinculado al caso del documental “18-J” por ser socio en Aleph Media.

El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) expresó su preocupación por el destino de los créditos del INCAA que recibió Azar. “Creemos que responde al interés general saber en qué se ha invertido esa suma y su localización”, alertó la Comisión Directiva del gremio, en una carta que fue publicada en el número 71 de la revista especializada Haciendo Cine.

Otro caso llamativo es el de la cineasta Vanessa Ragone, quien recibió dos subsidios “terceros jota” mientras trabajaba dentro del INCAA. Según los registros de la ANSES, la directora de cine se desempeñó como empleada del Instituto desde junio del año 2004 hasta octubre del 2006. Dentro de ese período el Instituto aportó 50 mil pesos a su productora, Zona Audiovisual SRL, para realizar el film Escuela de Tango.

Desde febrero de 2007 Ragone está trabajando de nuevo para el organismo público. Y la historia se repitió, sólo que en esta oportunidad la suma fue algo mayor: el INCAA acordó entregarle medio millón de pesos para que filme la película Los 100 días que no conmovieron a nadie – genocidio en Ruanda. Un caso similar es el del abogado Julio Raffo, quien a pesar de ser asesor jurídico del INCAA recibió un “tercero jota” por 207 mil pesos para la película Caseros, en la cárcel, con su productora Cepa Audiovisual.