
Según el decreto firmado por Claudio Moroni, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 1º de agosto, Mecikovsky fue desplazado de su puesto y “reubicado” como agente raso en la planta permanente del organismo. A su vez, se ordenó “limitar la licencia sin goce de sueldo de haberes” otorgada al funcionario. En su lugar, asumió el contador público Carlos Alberto Sánchez, un hombre con “esporádica experiencia en la Casa –la DGI–”, según fuentes del organismo. Sánchez tiene una experiencia particular, que cobra relevancia en el contexto de la digitación de cargos en el Gobierno tras la salida de Alberto Fernández y la ruptura con los cobistas. Si bien Sánchez fue jefe interino de Grandes Operadores, se lo conoce por ser uno de los asesores más cercanos al gobernador del Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, y de su esposa y legisladora, Sandra Mendoza. “Sánchez es el contador que le maneja las declaraciones juradas al gobernador”, confió a PERFIL un funcionario del Impenetrable.
“A Jaime lo desplazan porque tocó gente poderosa. Castagnola no quedó tan mal: fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la Casa, un área que le permite aceitar sus vínculos internacionales. En la Casa, hay temor e incertidumbre. La DGI está organizada de forma tal que sólo con Guillermo Moreno, y el método que usaron con el INDEC, podrían intervenirla”. “Moroni le dijo a Castagnola que debía desplazar a Jaime y poner a Sánchez en su lugar. Horacio le contestó: ‘Yo no voy a avalar con mi firma ningún informe de ese tipo’. Pero Moroni –un hombre de Alberto Fernández que sonó como posible cabeza de turco tras la salida de AF– debía cumplir la orden del Gobierno: sacarse de encima a Mecikonvsky y poner a un hombre de confianza”, reconoció una fuente del organismo.
El contador de la discordia “encabezaba la línea de investigación que nace en 1999 sobre la facturación apócrifa que apunta a detectar sobreprecios y coimas en la contratación de obra pública en las provincias y entre empresas privadas. De esa línea, surgen las primeras denuncias sobre el caso Skanska”, explican en la DGI.
La pista Gotti que lleva a Kirchner
Gotti SA forma parte del holding empresarial del socio presidencial Lázaro Báez y es una de las constructoras del grupo que lidera la asignación de obra pública en el Sur. Es una compañía también involucrada en el caso de la constructora sueca Skanska por sobrefacturación de obra pública. La empresa, que incluso fue allanada, está ligada a Austral Construcciones –de Báez, amigo y socio de los Kirchner en un emprendimiento inmobiliario en Río Gallegos–. “Mecikovsky habría motorizado la investigación sobre las facturas de posibles empresas fantasmas que Gotti habría utilizado en la licitación de pavimentación de calles en Chubut –por millones de pesos– para disfrazar sobreprecios y coimas”, pudo saber PERFIL. Mecikovsky está especializado en prevención de lavado de dinero, tiene 30 años en la DGI, con un paso corto por la Dirección de Inteligencia de la AFIP, donde trabajó con las declaraciones juradas de Impuestos a las Ganancias.