
La situación no sólo ha generado un enorme malestar social y político, agudizado –o agudizando– la extensa crisis por las retenciones. También dio lugar a un debate acerca de las verdaderas causas del desastre. Pero lo que es más trascendente, aunque como suele ocurrir en la Argentina resulte inoperante, es el obligatorio y demoledor ejercicio de observar la génesis y desarrollo de un futuro drama ambiental. En ese contexto, algunas plausibles hipótesis acerca de que el humo es evidencia de la “pampeanización” del Delta obligan a pensar que la anarquía productiva de hoy –convocada por la voracidad, la angurria y demás pecados privados y estatales– es el lamento ambiental de mañana. Presunciones arriesgadas, aunque nada delirantes, sugieren que el desaguisado es indicativo de la irrupción del “yuyo maldito” (la soja) en el Delta bonaerense, ya sea como cultivo propiamente dicho o como indicativo de un tipo de agricultura poco amigable con ese ambiente. En cualquier caso, presagia un futuro más seco que húmedo para un ambiente natural único en el planeta.
La mejor política ambiental no es la que soluciona problemas, sino la que impide que se produzcan. El humo que mantuvo a quince millones de personas como rehenes ecológicos de la inescrupulosidad de ciertos productores es una confirmación de esa idea: esa cortina espesa fue la expresión de algo que está transformando al Delta del Paraná en otra cosa que, seguramente, al menos desde el punto de vista ecológico, no será buena.
El Delta del Paraná no es un espacio homogéneo, aunque sí es un sistema complejo con funciones muy precisas. Constituye lo que se conoce como “humedal”, un ecosistema que puede asimilarse a una inmensa esponja: retiene el agua cuando sobra, la libera cuando falta y siempre la filtra, de modo que su calidad es mejor cuando sale que cuando ingresa.
El Delta superior, que enfrenta a Entre Ríos con Santa Fe, ha sido históricamente área de ganadería. El aislamiento y el anegamiento hacían de esa actividad una tarea artesanal, de escala familiar, que permitía una convivencia relativamente pacífica con el ecosistema. La quema de pastizales era una acción ritual de la ganadería de subsistencia: el objetivo era despejar el “yuyo negro” que obstruye el “campo nuevo”, es decir, la gramilla que comen las vacas.
Tras la crisis, con la devaluación y la elevación a las nubes de los precios de los commodities, la fisonomía de la producción agraria argentina se transformó. Y aparecieron las víctimas ambientales de un avance feroz de la frontera agropecuaria, que el Estado, como mínimo, contempló. Los bosques nativos del Norte pasaron de ser áreas marginales a superficies con valor de mercado y destino de topadora.
Las islas del Delta fueron otro blanco.
Con el acceso franqueado por el puente Rosario-Victoria, miles de hectáreas pasaron de pantano a bocado del mercado inmobiliario. La cría familiar de ganado fue reemplazada por una actividad que llega desde la Pampa empujada por la fiebre de la soja. Los datos oficiales hablan de unas 200.000 cabezas de ganado en la actualidad. Pero el INTA, tras la inundación de 2007, estimó cerca de un millón de vacas ahogadas que, antes del agua, estaban vivas y pastando en las islas entrerrianas.
Esa ganadería descontrolada justifica, aún fuera de época, alguna parte de los incendios. Jorge Adámoli, ecólogo y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, encuentra sólo una explicación natural para el adelantamiento de las quemas: “Son ecosistemas de una alta tasa de producción. Es posible que, como el ganado se retiró con la inundación el año anterior, haya habido acumulación de materia vegetal sobre la superficie y eso haya estimulado a quemar antes de lo habitual”.
Pero en la Argentina nada es producto de la magia, sino resultado de la suma algebraica de la glotonería privada o pública, más la omisión explícita y obscena del Estado. En 2004, el gobierno de Entre Ríos, consciente de la avenida de dinero que implicaba el puente Rosario-Victoria, anunció la llegada de la civilización a las islas. El esquema fue la “privatización” –en forma de licitación para arrendamiento– de al menos 130.000 hectáreas de islas fiscales, para integrar a la producción tierras que la naturaleza, tozuda como siempre, había diseñado para una finalidad más ecológica. La ONG Taller Ecologista de Rosario difundió en 2006 –cuando esas parcelas de hasta 2.600 hectáreas empezaban a tener quien las trabajara– un documento anticipatorio titulado “Quemar por dinero”. Allí se señalaba que “la Secretaría de la Producción de Entre Ríos avanza con el arrendamiento de las islas públicas, sin intervención del área ambiental, sin estudios de impacto ambiental, sin audiencias públicas, sin cumplir con ningún tipo de normativa ambiental”. No parece necesario puntualizar que se trata de la misma provincia, y con el mismo gobernador (Jorge Busti), que amenazaba con cortar el gas a Uruguay como represalia por el asesinato ambiental en masa que habría de significar Botnia, y que, entre otras demagogias, declaró a Entre Ríos “libre de plantas procesadoras de pasta de celulosa cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente”.
Con ese loteo masivo, las futuras quemas de pastizales se inscribían en el destino de esas tierras.
El asunto se complica a medida que se desciende el Delta en dirección a la zona más accesible, coloquialmente llamada Tigre, más allá de su pertenencia o no a ese distrito. La doctora Patricia Kandus, bióloga del Laboratorio de Ecología Regional de la Facultad de Ciencias Exactas, y a esta altura de su carrera baqueana del Delta, cotejó fotos satelitales, comprobó con exactitud quirúrgica los campos incendiados y esbozó una hipótesis inquietante: “No se quemó pastizal, se quemaron juncales y pajonales sin gran valor forrajero”. La distinción entre pastizal, pajonal y juncal –una sutileza para un lego– es en los ojos clínicos de Kandus la huella que delataría el intento de introducir otro tipo de producción en el Delta. Y también explicaría las quemas fuera de temporada y en un área menos ganadera que las tierras de Busti frente a Rosario. Kandus ilustra que la quema de pastizales se hace a fin del invierno porque “después de los meses fríos, el suelo está húmedo y, por lo tanto, se quema la porción superficial, no la materia orgánica del suelo, ni los rizomas, que quedan protegidos por el agua”.
Prender fuego tras el verano supone hacerlo sobre una superficie más seca, y si además es un área de juncales o pajonales, indica el propósito de dejar el suelo desnudo, sin materia orgánica, pero también sin raíces. Esto es, un suelo ideal para la siembra directa. Y en el imaginario de la Argentina, atravesado por los ahora aborrecidos –y ayer venerados– pooles de siembra, la siembra directa es sinónimo de soja o de algo equivalente.
En el Delta inferior han habido intentos de actividad productiva: frutales o salicáceas (familia de árboles que cobija a los sauces) han sido desarrollados con diferentes grados de éxito, pero siempre en emprendimientos de no excesiva relevancia, inversión o penetración. La luz amarilla se enciende con la detección de fuego en los pajonales. Puede significar que la vía de apropiación de los recursos naturales de los 90, agudizada por el llamado “boom sojero” del último lustro, haya detectado en su radar las tierras hasta ahora no expoliadas del Delta para incorporar a su explotación de tipo “minera”.
Esa calificación –que hacen los ecólogos– asimila una modalidad de cultivo o ganadería con la extracción de minerales de una montaña: los capitales ingresan, se explotan y se van, dejando tan idéntico paisaje de tierra arrasada como si se tratara de un recurso no renovable. Los métodos de siembra directa, que han expulsado a la ganadería, que no rotan, que se aplican sobre suelos no naturalmente aptos, ingresan en la mayor parte de la geografía dentro del calificativo de “mineros”.
La modalidad imperante en el actual mundo de oportunidades es equivalente a la que permeaba la agricultura de la extinta Unión Soviética. En aquel sistema, la búsqueda (infructuosa, claro está) del “hombre nuevo” permitía, como pontificaba el historiador John Bernal, “reconstruir la naturaleza y cambiar la geografía al servicio de la humanidad” en la búsqueda de productividad a cualquier precio. A tal punto, que se destacaba como un logro (que cualquier ecólogo consideraría hoy motivo de fusilamiento) que “los grandes ríos, como el Volga, el Dnieper, el Don, se hayan convertido en una serie de lagos separados por presas, con exclusas que extienden sus tentáculos en forma de canales de riego”.
Salvando las distancias, no se puede ignorar que la opción de plantarse como “granero del mundo” del siglo XXI puede conducir a la idea de domar la naturaleza para convertir en tierra arable, en sistema “terrestre”, un humedal “acuático”. Todas las experiencias de esa transformación han sido dramáticas, con algún resultado económico inicial positivo, pero con un pasivo ambiental –y productivo– posterior inocultable: el Matto Grosso y la cuenca del Mississippi son excelentes y horrorosos ejemplos. Si bien algunos, como Adámoli, señalan que la soja en el Delta pantanoso es económicamente inviable, porque obligaría a drenar los suelos, otros proponen no subestimar las señales del capital ni la tendencia de la época.
Con un esquema de grandes extensiones de tierras “polderizadas” y un paisaje de precios exorbitantes en el que cierta agricultura es una inversión financiera, pampeanizar el Delta secando literalmente el humedal aparece como algo no tan disparatado, y hasta factible. De hecho, las grandes extensiones existen. Los endicamientos o polders, que carecen –obviamente– de todo estudio ambiental y gozan de la distracción de los funcionarios de Hidráulica, se multiplican en el interior de los campos. Y los contextos nacional e internacional colaboran.
Toda consecuencia ambiental –negativa, por cierto– nace de alguna decisión económica alentada por un Estado otario o cómplice. La sumatoria de esos factores conforma lo que se conoce como “política ambiental inexistente”.
Tras una reunión de autoridades ambientales nacionales y provinciales, se anunció la solución a la quema de pastizales, que, según los funcionarios, sólo responde a la desaprensión de los ganaderos. La elaborada “solución” es la creación de un área protegida, un parque nacional que en su interior, por antonomasia, desaliente la ganadería intensiva. Pero salvo que alguien sueñe con expropiar y convertir en parque nacional las 1.700.000 hectáreas de este ecosistema, todo indica que esa ideota (una idea grande) permitirá, cuanto más, la conservación de una porción detrás de cuya alambrada y, en nombre de la “gran oportunidad” que se le abre al país, pueda cometerse cualquier ecocidio.
Antes de que algún productivista salte de su silla, se debe resaltar que la contracara de la barbarie que está a punto de iniciarse no es, ni de lejos, la cristalización de una zona intangible. Es este punto el que evidencia la ausencia de una mirada estratégica que, en medio del estrecho debate sobre las retenciones, aparece casi como un artículo suntuario. Los países que piensan un tanto más allá que mañana a la mañana, planifican. Planificar, ambientalmente hablando, equivale a lo que se conoce como “ordenamiento territorial”. En ese plano, calificar a un cultivo de “yuyo” por su versatilidad botánica equivale a echarle la culpa al hacha por el desmonte de los quebrachales santiagueños, o a las ovejas por la desertización de media Patagonia. Y suponer que un área se preserva manteniéndola al margen de cualquier propósito productivo es una falacia.
Si finalmente la soja (o un sucedáneo) ingresa al Delta y abre una puerta de la historia para que San Pedro se parezca a Pergamino, la culpa no será del yuyo. Y nadie podrá decir que el humo no fue suficiente aviso.
*Biólogo, periodista y consultor (sfederovisky@gmail.com). Autor de El medio ambiente no le importa a nadie (Planeta) e Historia del medio ambiente (Capital Intelectual).