El consejo de la magistratura cita a federico faggionatto

El juez de los incendios está bajo investigación

Está al frente de una causa crucial para el Gobierno: la que debe determinar si el fuego en el Delta fue provocado intencionalmente o fue producto de un accidente. Pero esta semana será convocado a declarar porque enfrenta pedidos de juicio político por presunto enriquecimiento ilícito y protección a narcotraficantes y contrabandistas.

Por Silvina Saux/Pedro Ylarri

El Gobierno no había terminado de destrabar la crisis con el campo y el humo producido por los incendios en el Delta invadía la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Después de unos días de desconcierto, la Casa Rosada resolvió responsabilizar a productores y peones de campo por el fuego y motorizó un proceso judicial para que se hallaran a los responsables.

La persona que quedó a cargo de definir si los incendios fueron provocados intencionalmente o se produjeron por accidente es el juez federal de Zárate-Campana, Federico Efraín Faggionatto Márquez. De él depende que el Gobierno encuentre un sustento judicial a lo que inicialmente sólo pareció una estrategia discursiva. Pero hay un problema: el mismo encargado de investigar semejante caso también está siendo investigado.

Ocurre que Faggionatto enfrenta varios pedidos de juicio político por presunto enriquecimiento ilícito, connivencia y protección a narcotraficantes y contrabandistas, armado de causas y retraso de justicia. Y el desenlace no estaría demasiado lejos, ya que la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura tendría previsto citarlo a declarar esta semana.

Si el dictamen supera la primera etapa y son insatisfactorias las respuestas de Faggionatto, la comisión que preside el senador mendocino por la UCR Ernesto Sanz, podría acusarlo y proponer al Plenario del Consejo su suspensión y enjuiciamiento. El caso ya cobró tal magnitud que el expediente cuenta con más de diez cuerpos –el más voluminoso de los que están en estudio en el Consejo– y las acusaciones surgen tanto de particulares como de funcionarios judiciales.

En Zárate y Campana, sin embargo, las acusaciones contra el juez no sorprenden a nadie: “Es parte de una novela negra que se cuenta todos los días”, dijo a PERFIL un abogado de la zona. De hecho, la Cámara Federal de San Martín ya lo había acusado en 2005 ante el Consejo de la Magistratura.

El fiscal general Pablo Quiroga, con quien el magistrado mantiene un áspero y prolongado enfrentamiento, es uno de los promotores de la causa. Hasta ahora Faggionatto, con una prosa ágil y no exenta de ironía, negó cada acusación en diversas notas dirigidas a los consejeros, donde subraya su presunta inconsistencia y vaguedad.

Joven prometedor. Faggionatto llegó a juez en 2001 por propuesta de Fernando De la Rúa. Tenía un perfil académico, producto de más de una decena de cursos de postgrados en las universidades de Luján, Morón, La Matanza, Salvador y la UBA.

Su edad y falta le experiencia fueron los motivos de las primeras críticas que recibió: cuando asumió tenía 36 años y ningún antecedente en el Poder Judicial. Una autoridad del Senado de la Nación, en diálogo con PERFIL, lo describió como una “persona macanuda”, que conoció a muchos diputados y asesores durante sus 18 años de trabajo en el Congreso, y que durante cinco años se dedicó a gestionar pasajes aéreos para los legisladores.

Un memorioso del Senado relató a este diario que cuando el senador Ricardo Branda le preguntó en la selección si conocía las “complicaciones” del juzgado al que aspiraba, el entonces abogado “le dijo que conocía hasta el olor del juzgado por la refinería de ESSO”, ubicada a 200 metros del tribunal. El comentario del senador tenía sustento: en 2001, el juzgado tenía en trámite 6 mil casos civiles y 1.500 penales. Cuatro años después, al juez se le apilaban 13.800 expedientes civiles sin resolver y unos 2.800 penales en la misma condición.

La exposición mediática a la que lo forzó la quema de campos en el Delta del Paraná no le es extraña a Faggionatto: a fines de 2003, acusó a la empresa ESSO por contrabando de petróleo por 30 millones de dólares. Procesó a despachantes y a ingenieros de esa compañía, aunque la causa durmió por dos años y recién fue activada cuando se supo que la petrolera buscaba un comprador para abandonar el país. El embargo en 150 millones de pesos a Edenor por supuesto daño ambiental, la existencia de centros clandestinos de detención en Zárate y el intento de secuestro de su hijo en la Capital lo hizo reaparecer en los medios nacionales.

Pero la exposición mediática también lo encontró en la vereda de los acusados. Una de las imputaciones más graves que le hicieron fue la de no actuar eficientemente frente al accionar de narcotraficantes que actúan en la zona. Esto remite a la operación “Carbón Blanco”, un enorme envío de cocaína escondido en bolsas de carbón vegetal que partió en 2005 de Las Palmas, cerca de Zárate, hacia España, donde fue descubierto.

Pese a que la acusación contra el juez nunca fue comprobada, tras ese episodio los vecinos comenzaron a denunciar una “zona liberada” en Zárate, hasta que la Gobernación desplazó a los jefes policiales Roberto Anauati y Fabio Bloise. Ambos oficiales habían sido defendidos en declaraciones públicas por Faggionatto. Según funcionarios de la zona, el juez dejó de colaborar con la Policía y denunció que Héctor Corro, un acusado de participar en narcotráfico, era quien propiciaba las denuncias en su contra.

“El juzgado federal de Campana no ha hecho más que interferir y entorpecer la acción del servicio aduanero”, apuntó el fiscal Quiroga. La acusación no es menor si se tiene en cuenta que en la zona existen 14 puertos privados y dos públicos y que parten aviones en forma clandestina en al menos ocho pistas de aterrizaje, revelaron a PERFIL fuentes de Seguridad bonaerense.

Vida privada. El juez está separado y tiene dos hijos. Tras su divorcio, vivió en un edificio de oficinas cercano al Obelisco. En la actualidad, maneja un auto importado, vive en el lujoso country Los Cardales y conduce un aeroplano. El Consejo deberá decidir esta semana qué entidad otorga a la denuncia por “enriquecimiento ilícito”.

Otro cargo menciona “irregularidades” y presunto “mal desempeño”. Quiroga reclamó una auditoría del juzgado de Campana, autorizada por la Corte Suprema, a fin de determinar si las demoras en los expedientes “son producto de un excesivo cúmulo de tareas, de la ineficiencia de su titular y dependientes, o de ambos”. Pero el relevamiento judicial que autorizó la Corte dice que “no se ha podido detectar existencia de irregularidades relevantes”.

En ese expediente, el magistrado se defendió y consideró que sus desventuras ante el Consejo se originan en los intereses que afectó y en el “actuar coordinado entre calumniadores insolventes, narcotraficantes, contrabandistas, policías y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público”. PERFIL buscó contactarlo, pero el polémico juez dijo que no haría declaraciones.

Faggionatto sabe que un discurso ágil no lo salvará siempre. El Gobierno, mayoría en el órgano que puede destituirlo, evitó solicitar su intervención en el caso de la desaparición del testigo Luis Gerez en diciembre de 2006, y tampoco lo convocó esta semana cuando fue secuestrado el militante de derechos humanos Juan Puthod.

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Una pesquisa con rumbo incierto

Cuando arreciaba la crisis generada por los incendios en el Delta entrerriano, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, siguiendo los lineamientos de la Casa Rosada, ofrecieron una conferencia de prensa para “judicializar” los hechos. El 18 de abril, presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que preside Ramiro González.

Los funcionarios acercaron un listado con 160 propietarios de tierras en la zona, a quienes responsabilizaban de la quema. Y González trasladó la investigación al juzgado federal de Campana, a cargo de Federico Faggionatto Márquez.

Faggionatto actuó de inmediato. Le pidió al gobierno de Entre Ríos los títulos de propiedad de los arrendatarios de los campos del Delta. Además, procesó con prisión preventiva a un uruguayo de 62 años, Sergio Salvador Vera, empleado en uno de los campos en los que se originó el incendio. Estaba a las órdenes de los hermanos Leonardo y Celso Medina, de 27 y 30 años que, a diferencia de Sergio, quedaron en libertad.

A Vera se le impuso un embargo de 50 mil pesos y su situación es compleja. Juan Pablo García, otro de los trabajadores de ese campo –que tiene 150 hectáreas– está prófugo.

El productor agropecuario José Antonio Pazzaglia, que tiene 30 mil hectáreas en el Delta, también está prófugo. No es el único. Hay otro productor con pedido de captura, Jacinto Amatrain, de Baradero, en cuya lancha secuestraron bidones de combustible.

Sin embargo, tanto los productores como la oposición creen que es una causa de carácter político, ya que aseguran que los incendios no fueron intencionales. Prefieren en cambio prestar atención a otros tres sumarios judiciales en los que se investiga a los funcionarios nacionales por presunta negligencia, al haber demorado en poner en marcha el Comité de Crisis.