
Según pudieron transmitir a PERFIL asesores que trabajan en la comisión, el oficialismo “es una máquina de impedir”. Además, sostienen que los diputados kirchneristas ponen todo tipo de “chicanas” a la hora de tratar las denuncias. “¿Cómo le vas a pedir a un periodista que haga una denuncia en una comisaría cuando esos mismos policías son los que están intimidándolo?”, se quejan. Es el caso, por ejemplo, del director del periódico Morando Investiga, del partido bonaerense de Tres de Febrero. Denunció corrupción en una comisaría local y, en consecuencia, fue detenido por “desobediencia”.
El jueves último, con la cámaras de televisión apostadas, la comisión se mostró activa. Hubo quórum y se dio lugar al debate. Sin embargo, ningún proyecto pudo prosperar: declaraciones de repudio a la agresión sufrida por el director de PERFIL, Jorge Fontevecchia, y a las declaraciones de Cristina Kirchner sobre la caricatura “cuasi mafiosa” de Hermenegildo Sábat no pudieron ser aprobadas. Se postergaron ante la excusa de que “no las habían leído”.
Misma suerte corrió un proyecto del diputado radical Pedro Morini, que venía con el visto bueno de la reunión de asesores y también fue frenado. El proyecto, que fue presentado el en noviembre del 2007, prevé la creación de un Observatorio sobre Derecho a la Libertad de Expresión, en el ámbito del Congreso.
“Es difícil creer que la comisión comience a funcionar como corresponde”, se lamentó la macrista Paula Bertol, miembro de la comisión. “Demuestra su vocación por la libertad de expresión”, aseguró con ironía. Elsa “Tata” Quiroz, de la Coalición Cívica, criticó al Gobierno por el poco funcionamiento que le da al cuerpo. “Desde el autoritarismo es imposible receptar las críticas u opiniones contrarias a la construcción que el Gobierno intenta hacer”, afirmó.
Funcionando de esta manera, denuncias de periodistas, de Santa Cruz a Jujuy, descansan en las computadoras de los diputados. Sin respuesta. Así, la bomba de estruendo en la casa de un periodista de Quilmes, el incendio del auto de otro de Misiones, el hackeo de una página de Santa Cruz, el domicilio “dado vuelta” de una editora de Mar del Plata, y las amenazas y agresiones recibidas por decenas de movileros y reporteros gráficos, no son debidamente observados por el Estado.