infancia argentina en riesgo

Hay 20.000 chicos bajo tutela estatal: el 25% podría ser adoptado

Están internados en institutos de menores, hogares, o en establecimientos de ONG. La mayoría está allí por razones asistenciales. Lejos de lo aconsejado por la Convención sobre los Derechos del Niño, muchos crecen encerrados esperando una familia que nunca llega. Los especialistas señalan las fallas del Estado y la necesidad de cambiar la mentalidad de una sociedad que prefiere adoptar recién nacidos. La angustia de crecer sin amor familiar.

Por Gabriela Vulcano

“Si están invisibilizados detrás de las tumbas, nunca van a poder ser adoptados”, así resume la psicóloga Ana María Dubaniewicz –quien durante 2002 realizó una investigación en los Institutos de Menores bonaerenses– la situación de una parte de los chicos de nuestro país. Son veinte mil los niños y adolescentes que están privados de libertad. La mayoría, por razones asistenciales. Pasan cinco, diez y más años encerrados. A veces, toda una vida. Crecen en silencio, sin familia y con el futuro hipotecado, a pesar de que alrededor de cinco mil de ellos podrían vivir en núcleos familiares adoptivos.

Lejos de respetar la Convención sobre los Derechos del Niño y arraigados en la cultura del sistema tutelar, muchos de los jueces de Menores o de Familia optan por la salida más fácil. El presidente del Tribunal 1 de La Plata y miembro fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil, Carlos Rozanski, apunta: “Si bien hay casos en los que es necesaria la institucionalización, muchas otras veces se sigue ese procedimiento porque no se sabe hacer otra cosa. La cultura del funcionario es la de no abandonar la ley del Patronato. Pero cumplir la Convención va en contra de la institucionalización, ya que proteger a un niño nunca puede consistir en una internación prolongada”.

La ley de “Patronato de Menores” –que establecía que la Justicia debía intervenir en caso de que un menor de 18 años estuviera bajo “peligro material o moral”– recién fue reemplazada en 2005 por la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, la judicialización del problema no se terminó con la sanción de dicha ley. “Es preciso un cambio de mentalidad. Los funcionarios tienen que tener la sensibilidad adecuada para resolver esos casos”, señala Rozanski. Dubaniewicz va un poco más allá: “Las esposas, en vez de ponérselas a los chicos, habría que colocárselas a los jueces que victimizan a un niño declarando que toda privación de libertad, de amor, de derechos y de familia es un crimen de lesa humanidad.”

En este sentido, la subsecretaria de Promoción y Protección de los Derechos del Niño bonaerense, Cristina Tabolaro, afirma que es imprescindible “reducir al mínimo las instituciones de tipo convivencial para el cumplimiento de medidas de protección especial de derechos para aquellos casos excepcionales en los cuales, por el menor tiempo posible, deba separarse al niño de su familia”.

Casi todos los chicos tutelados por el Estado tienen algo en común: provienen de hogares pobres. Y la respuesta dada desde las políticas públicas no es otra que el encierro. Según un informe realizado en 2005, por Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los 20 mil niños y adolescentes alojados en instituciones, 17 mil están por causas asistenciales y sólo 3 mil por cuestiones penales. Esto no sólo va en contra de la nueva normativa que establece que los chicos no pueden ser separados de sus padres por falta de recursos, sino que además deja al descubierto el circuito de encierro al que muchos de ellos son sometidos a lo largo de toda su vida. “Un 70 por ciento de los niños que ingresaron de bebés y pasaron su vida por el circuito y hoy tienen 17 o 18 años están en institutos para discapacitados, en neuropsiquiátricos o en cárceles”, dice con indignación Dubaniewicz.

El 45,2 por ciento del total de los chicos y adolescentes se encuentra en establecimientos de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, se ubica Santa Fe con el 15,5 por ciento y el tercer puesto lo ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 8 por ciento.

En familia. La mayoría de los especialistas consultados coincide en que el ámbito familiar es el mejor lugar donde puede crecer un niño y que la separación de sus padres sólo debe ser una medida excepcional. Para Dubaniewicz, del total de chicos institucionalizados, 15 mil podrían egresar del circuito de encierro. “Habría que apoyar económicamente a su propia familia o a la extensa (abuelos o tíos), es decir darles el dinero que se invierte para mantener encerrados a esos niños, o darlos en adopción.”

Si bien la presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno porteño, María Elena Naddeo, expresa que “los Ministerios de Desarrollo Social deberían establecer un programa de fortalecimiento familiar para que los chicos puedan volver con sus padres”, también señala que cerca del 25 por ciento del total de los chicos institucionalizados podrían ser adoptables, ya que son menores de doce años y en general están en los establecimientos por razones de violencia intrafamiliar.

El Instituto Bernardino Rivadavia, ubicado en la ciudad de La Plata, alberga a 21 chicos que van de un mes y medio a ocho años. Su directora, Susana Gregrutti, destaca: “Los nenes de esta edad tienen que estar con una familia donde puedan crecer bien. Por eso tratamos de que acá estén el menor tiempo posible y que salgan en las mejores condiciones”. En estos momentos, dos grupos de hermanitos del hogar están en guarda con fines de adopción.

Actualmente en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos hay 1.889 inscriptos, entre parejas y personas solas. Pero nada se sabe de la cantidad de chicos que están en situación de ser adoptados, ya que hasta hoy no existe un registro de niños en estado de adoptabilidad. Para el director del organismo, Luis Leiva Fernández, el tiempo estimado del trámite de adopción “depende de cada jurisdicción y de cada juez”. Naddeo es más específica: “Si se quiere adoptar un bebé en la Ciudad de Buenos Aires, se puede tardar entre 3 y 4 años. Cuando se aceptan hermanitos o chicos mayores de 6 años, la adopción puede ser muy rápido: 9 meses”.

Aunque Leiva Fernández asegura que “cuando el juez resuelve que un niño es adoptable busca rápidamente padres en la lista de aspirantes inscriptos”, el encuentro entre niños y padres adoptivos no es una tarea simple y menos aún cuando se habla de chicos institucionalizados: “En general, los niños institucionalizados tienen dos, tres o más años. A veces se dice que hay muchos chicos internados para ser adoptados y se le achaca al Estado un mal funcionamiento, pero la demanda para chicos en adopción es de recién nacidos y no de niños más grandes o de grupos de hermanitos. A eso hay que sumar que los magistrados, aunque no lo dice la ley, prefieren dar en adopción a parejas heterosexuales”, explica Felicitas Elías, mágister en Políticas Sociales e investigadora de la UBA.

Dubaniewicz no parece estar tan de acuerdo: “Ni todos quieren bebés, ni todos son incapaces de adoptar chicos grandes o grupos de hermanitos, e incluso, hay gente que está dispuesta a adoptar chicos con discapacidades. Todo chico es susceptible de ser adoptado si está de cara a la comunidad”.

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¿Negocio? Pese a que los niños y adolescentes están tutelados por el Estado, la mayoría de ellos se encuentran en establecimientos de organizaciones de la sociedad civil. En el 54,6 por ciento de los casos, los establecimientos pertenecen a una ONG, mientras que en el 42,2 por ciento se trata de organismos gubernamentales, según el trabajo de Unicef.

En muchos casos, esto se explica porque las ONG fueron cubriendo los baches del Estado, pero “su labor de ningún modo debe ser reemplazar al Estado sino exigirle que haga lo que corresponde”, afirma Rozanski.

Para Dubaniewicz, la mayoría de las veces “las instituciones se crean por fines loables pero luego pueden terminar convirtiéndose en un negocio”. Con cierto tono de denuncia, específica: “La Fundación del padre Grassi recibe actualmente 600 pesos por cada chico. A una institución que comenzó con tres chicos y luego, en el momento en que fue imputado, llegó a tener 6.000 chicos, nos podemos imaginar que económicamente no le era redituable estimular el egreso de los chicos”.

Es necesario aclarar que no todas las ONG que albergan chicos tienen subvención estatal. Incluso, a muchas de ellas les resulta un verdadero esfuerzo económico su labor, y sin dudas su papel es esencial a la hora de encontrar un lugar de transición para los niños que sufren violencia familiar.

Todos coinciden en que es preciso estudiar la problemática de la niñez desde una perspectiva integral. Aseguran que lo ideal es que los niños y adolescentes que se encuentran al otro lado de los muros puedan volver con sus familias de origen y que éstas sean ayudadas económicamente por el Estado. Y afirman que la nueva normativa es fundamental, siempre y cuando vaya acompañada de un real cambio cultural. Pero también, como dice Rozanski, “no hay duda de que cualquier grupo familiar que quiera adoptar tiene la sensibilidad necesaria para criar a un niño. A veces se desaprovecha esa oportunidad, se pierde tiempo y eso significa que el chico termina creciendo en esos lugares de encierro”.