Entre tanto, el cine argentino se ha convertido en un producto digitado por el Estado. Lo han estatizado. Como en las dictaduras. El Estado no es creativo, acciona poco, provee según su entender y no le importa el fracaso. El Estado paga todo y llena las estanterías con rollos de celuloide sin vida propia, olvidado de que es el público que va al cine quien soporta con el diez por ciento de las entradas esos rollos sin vida.
Hay que imaginar una industria que apoye la gestión privada, a la que se le controle su eficiencia productiva, sin negarle los fondos necesarios para competir internacionalmente. Hay que abandonar la mirada dirigida a los festivales y recuperar la audiencia local. Hay que abandonar tanto viaje superfluo y sentarse a trabajar dos años, apoyando el trasero en la silla del funcionario, imaginando un sistema posible y recuperable y gestionando con intercambio de ideas, con mesas de discusión y con formación de consejos menos ciegos que los que establece la ley, pues ya se ve qué resultados se alcanzan. No hablamos de otra cosa que del espíritu de la ley del cine.
Todos sabemos que se han firmado a lo largo del tiempo infinitos acuerdos adormilados (para la foto) con España y con Italia.
Hace unos cuarenta años, Amorina, de Hugo del Carril, ganó el premio en el festival de Calcuta. Como corresponde, el galardón fue para el director y ningún organismo del Estado buscó apropiárselo para su mentida vanidad. Tampoco nuestro cine pasó a tener a la India como principal cliente. No es difícil colegir que los festivales del exterior buscan títulos en los países periféricos y expresan su asombro porque “hacen películas”. Por su lado, los avispados locales y la prensa enceguecida por la prebenda consuetudinaria de los viajes al exterior (aceptada por los grandes medios) hacen la vista gorda.