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El miércoles 15, la Cámara de Diputados creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, un organismo que tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan de gestión ambiental y saneamiento del contaminado Riachuelo. El plan se presentó hace dos meses ante la Corte Suprema y es la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente a una intimación de la Corte, que hizo lugar a una denuncia presentada por 140 personas afectadas por la contaminación que demandaron al Estado y a 44 empresas. Dentro del plan, la cartera que controla Romina Picolotti ordenó el traslado de 11 plantas de almacenaje de la cuenca baja de Dock Sud, y acusó a estas empresas de ser aquellas que “están produciendo mayor riesgo para la población” y una “mayor contaminación”.
Las empresas que recibieron la orden de traslado, lejos de irse, se afianzaron más que nunca a la ribera de Dock Sud. “Vamos a utilizar todos los recursos judiciales que sean necesarios. El Estado también es codemandado por ser responsable del daño ambiental”, afirmó a PERFIL Luis Piendibene, abogado de una de las empresas de la Cámara de Empresas Terminales de Almacenaje de Líquidos a Granel (CETAG).
“Picolotti está tan demandada como nosotros y es aun más responsable. No mencionan que el 90 por ciento de los depósitos permanecen tal y como están y son los que almacenan los productos de mayor riesgo, e incluso almacenan gas propano y butano”, sentenció Patricio Volpe, representante de Orvol SA.
—¿Se realizó algún tipo de control para determinar qué empresas contaminaban?
—No. Sólo se dijo que determinadas empresas deberían irse. En 40 años nunca tuvimos un problema, ni causamos un accidente. No tienen ningún estudio o dictamen que certifique lo que ellos dicen.
—¿Existe algún riesgo de contaminación en las sustancias que ustedes manejan?
—Mientras se respeten los cuidados específicos de cada producto no existen riesgos. Se trata de productos que la industria necesita para funcionar como aceite, soda cáustica, vinagre o cebo. Son productos que se almacenan en todos los puertos del mundo y no hay problemas.
Para los empresarios, detrás del desalojo hay algo más. Volpe fue claro: “Por las pocas explicaciones que dio la secretaría, quedó de manifiesto que la cuestión de fondo no es la contaminación”. Marcelo Pedriel, directivo de Tagsa y miembro de la CETAG, fue más allá: “Aquí hubo una decisión política. El ataque que recibimos de la Secretaría de Medio Ambiente ha sido sin ningún basamento técnico. No estamos acusados de nada, pero la presión se ejerce sobre nuestras empresas y no otras”.
La situación del Riachuelo es compleja, ya que estas empresas están en Dock Sud desde hace más de 35 años. “Los permisos se renovaron siempre sin ningún problema. Todas las empresas que están acá son de almacenamiento exclusivamente. No somos industria”, dijo Antonio Budic, de Antivari SA.
“La administración pública nos ha firmado certificados diciendo: ‘No son industria, no realizan proceso industrial y no generan afluentes’, por lo tanto no hay ningún motivo para que ellos afirmen que en algún momento hemos contaminado o pudiéramos ser causantes de un riesgo de contaminación.”, finalizó Volpe.